La larga historia de prohibir mear

Los baños públicos son un tema... otra vez. No tendrían que serlo, pero es necesario revisar los pánicos morales y la responsabilidad de los medios en todo esto.

Este martes 12 de septiembre, Laura Glover, activista trans, fue expulsada de los baños de mujeres de la Cineteca Nacional. Como respuesta y denuncia de un acto en sí mismo brutalmente violento y que niega derechos fundamentales de Laura y de toda la comunidad trans, Victoria Sámano publicó en Twitter un video en el que se muestra a Laura reclamando la agresión a policías y trabajadores administrativos del recinto que, en ningún momento, dejaron de malgenerizarla y negar que lo ocurrido se trató de un acto de discriminación y violencia.

De inmediato, el video comenzó a atraer a personas antiderechos, cuentas exclusivamente dedicadas a atacar a personas trans, y a medios de comunicación que, una vez que se viralizó la denuncia, más que buscar las voces de las personas afectadas (Laura, por la agresión directa contra su persona, y Victoria por la violencia digital que atrajo su denuncia), enmarcó la agresión como un “debate” en redes, aislándolo de las múltiples otras agresiones transfóbicas que ocurren todos los días tanto en la vida “real” como en el plano digital.

En menos de un día, es más, en cuestión de horas, la denuncia de un acto transfóbico se convirtió en una discusión en redes entre dos mujeres cis y cientos de miles de tuits con diferentes niveles de violencias contra Laura y contra la comunidad trans en general. De acuerdo a Geo González, periodista de Presentes, fueron más de 390 mil tuits a lo largo del día.

González hace una gran recopilación de leyes federales y locales que viola la agresión contra Glover; en su artículo también recupera un juicio en espera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia a una agresión similar ocurrida en 2016 contra tres mujeres trans también en un cine, también en la CDMX:

En noviembre de 2015, a Jessica, Lia y Alessa (quien fue asesinada en 2016) les negaron la entrada al baño de mujeres de Cinemex de la plaza comercial Reforma 222. En 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso. Buscó analizar “si la asignación de un género en los baños públicos es una distinción justificada en términos del derecho a la igualdad y no discriminación”. Hasta la fecha la SCJN no ha emitido una resolución de ese análisis.

Los baños, en particular la “defensa de los espacios exclusivos de mujeres” [blancas] no son un tema nuevo, de hecho, están constantemente en el “debate” sobre el derecho a las personas trans a existir en el espacio público.

Estas leyes, más que “proteger” a las mujeres, buscan limitar la existencia de las personas trans, limitar nuestros círculos de “salidas”: sin posibilidad para entrar a un baño, ¿cuántas horas puedes estar afuera, qué actividades puedes hacer que no se vean limitadas a los espacios que tienes entre una ida al baño y la siguiente?

La larga historia de prohibir mear

Empecemos por los hechos: la preocupación porque haya alguien que “se aproveche” de legislaciones incluyentes en el tema del acceso a sanitarios está basada en nada más que mentiras y escenarios imaginarios. Incluso los contados casos que grupos antiderechos armamentan como ejemplos de que “de hecho sí ocurre” están descontextualizados, no ocurrieron luego de la aprobación de leyes paritarias o resultaron ser casos con un largo y complejo proceso judicial.

Por otro lado, es importante entender que el foco en los baños públicos está pensado como parte de una estrategia de pánicos morales: como escriben German López para Vox y María L LaGanga, para The Guardian, esta discusión se ha centrado en los sanitarios públicos porque todxs nos sentimos un poco (o un mucho) vulnerables mientras hacemos lo que todxs hacemos en los baños. Esa vulnerabilidad e incomodidad fácilmente pueden convertirse en un arma para limitar los derechos de grupos históricamente vulnerados, en especial si, por décadas, esos grupos han sido equiparados constantemente con agresión física y sexual.

Esa es la otra parte —quizá la más importante para entender el éxito de esta sarta de mentiras—: tanto la población afrodescendiente como la comunidad LGBT+ históricamente han sido patologizadas y equiparadas con agresorxs sexuales.

Cuando la mayoría de la población considera estas equiparaciones falsas verdades incuestionables, es aún más fácil construir pánicos morales en espacios públicos en los que nos sentimos vulnerables.

La mentira de los baños públicos se ha utilizado como una reacción a legislaciones que buscan garantizar equidad en el acceso a espacios públicos de grupos vulnerados: desde la Inglaterra victoriana, cuando las sufragistas también lucharon por equidad en baños públicos, pasando por la lucha por los Derechos Civiles en los 60 y la Gender Equality Act de los 70, hasta este pánico moral. En todas esas ocasiones, ante el intento de aprobar legislación a veces tibia, los grupos conservadores replicaron el mismo argumento, construido sobre las mismas mentiras: la “preocupación” por la “integridad” de las mujeres en “sus espacios”.

En el caso específico del acceso de personas trans a baños públicos, el ataque comenzó en Carolina del Norte en 2015: el congreso local logró aprobar una ley que explícitamente garantizaba la protección de la población LGBT+ en espacios públicos, empleo y acceso a derechos básicos en 2014, pero grupos radicales antiderechos lograron forzar un plebiscito en esta ley y, aunque comenzó con una alta aprobación de los votantes (más del 60%), la narrativa del pánico moral alrededor de los baños logró darles la primera de muchas victorias en el estado y por todo el país.

De acuerdo a Erin Reed, activista, investigadora y periodista trans, tan sólo en lo que va del 2023, se han aprobado (o están por aprobarse) 532 leyes que ponen en riesgo la integridad física, psicológica y legal de las personas trans en más del 80% del territorio de los Estados Unidos.

Estados como Florida, por ejemplo, podrían condenar a muerte a una persona trans por utilizar un baño público en donde se encuentre, al mismo tiempo, una infancia: en abril de este año, el gobernador del estado, George DeSantis, firmó una ampliación al código penal que considera que una persona trans utilice un baño acorde a su género es equiparable a una agresión sexual.

Estas mentiras están siendo replicadas acríticamente, otra vez, en el plano digital en México. Sin embargo, el contexto en el que ocurre no es el mismo: el pánico moral no está pudiendo ser replicado de forma tan efectiva como se sigue viendo en los Estados Unidos en parte gracias a legislación que activamente castiga (aunque sea de forma simbólica) a lxs políticxs que repliquen discursos de odio.

Tal es el caso de Lilly Téllez o Gabriel Quadri: luego de que Quadri perdiera la demanda por violencia política de género que dos legisladoras trans pusieron en su contra, otrxs políticxs han aprendido a medir sus respuestas en entrevistas, dependen de guiños y “dogwhistles” y, cuando son presionadxs, no se atreven a responder plenamente si no quieren poner en riesgo sus carreras políticas. Tal como ocurrió ese mismo martes 12 con Lilly Téllez.

Esto no puede, bajo ninguna circunstancia, considerarse una victoria sobre el discurso de odio: es, a lo mucho, una presa o un dique que puede darnos un poco de tiempo. No podemos darnos el lujo, en medio de una ola internacional de transfobia, de creer que en México, las cosas no puedan ponerse como en Estados Unidos.

Jubilemos la sorpresa porque “en pleno 2023” exista la discriminación

Uno de los pocos periodistas que tuvo una respuesta más crítica a lo ocurrido el 12 de septiembre fue Ignacio Lozano, en su espacio en Imagen TV (hasta el 14 de septiembre). No dio mucho contexto, ni dejó de centrarse en la “discusión” en redes, pero su postura fue constantemente a favor de los grupos vulnerados.

Sin embargo, como es una costumbre también cuando se habla de casos específicos de discriminación, recurrió al muy gastado argumento de que de alguna forma el año en el que vivimos es garantía alguna de mayores garantías para los derechos de todxs.

Puede deberse a múltiples razones, pero quiero creer que ese lugar común de que “en pleno 2023” la discriminación siga existiendo responde a una lógica lineal de la progresión y el “avance” de la humanidad para desterrar sus elementos más tóxicos. Lamentablemente, así no funcionan las cosas.

El crecimiento en la reacción de la ultraderecha, su organización trasnacional y la explotación de las herramientas digitales que las redes sociales les proporcionan, así como los miles de millones de dólares que reciben de grupos empresariales sí podría deberse a un creciente número de personas que luchamos por una sociedad más diversa, pero también se debe a que muchxs entendemos que no podemos tener una sociedad que se preocupe por todxs sus miembrxs si seguimos replicando (y amplificando) lógicas y políticas capitalistas que, forzosamente, requieren desempleo, hambre y que muchas personas no tengan acceso a una vivienda digna.

“En pleno 2023” estamos, más bien, en un punto de quiebre social, ecológico y político. Y la ultraderecha lo sabe bien. Y nosotrxs, y nosotrans también.